ENERGIA.-
Existen dos tipos de energía dependiendo de su fuente, las renovables y las no renovables, entre las primeras tenemos la eólica que procede del viento, las térmicas que proceden del calor de la tierra, la solar que procede del sol y la de las marea que procede del mar, la hidroeléctrica que aprovecha la fuerza de la caída de las aguas, entre otras. Las no renovables las que se obtienen del petróleo, carbón, gas, etc.
Resulta evidente que la política del estado debe incentivar el uso de aquellas que provienen de fuentes renovables porqué en teoría son inagotables. La desventaja de éstas radica en que requieren inversión inicial superior pero a largo plazo reditúan excelentes ganancias por la sencilla razón que siempre en el futuro las energías no renovables consumirán cada vez más los recursos que serán cada vez más escasos y por tanto cada vez más caros. Se precisa entonces de un incentivo para que los empresarios inviertan en este tipo de proyectos. El incentivo es único, la amortización acelerada de los equipos y la reducción del impuesto a la renta incluso a los dividendos y regalías.
El estado peruano actualmente desperdicia la suma de 200 millones de dólares por año en gas natural debido al uso autorizado en forma irresponsable de equipos chatarra que por no ser usados en ninguna parte del mundo en desarrollo no tienen valor alguno. De este modo los empresarios con mínimas inversiones producen electricidad usando el gas natural de Camisea no renovable a precio subsidiado por El Estado y cuya electricidad es adquirida a la tarifa cómplice fijada de modo tal que los únicos perjudicados son los usuarios. Pero no se pueden hacer afirmaciones de esta naturaleza sin aportar las debidas pruebas. Tomaremos como ejemplo y base de comparación la central termoeléctrica de ciclo combinado de Barajas de Melo (1) Esta central requiere de 362 millones de metros cúbicos de gas natural para producir 2,140 gigavatios hora lo que significa que usará 0.16916 millones de metros cúbicos de gas para producir un gigavatio hora. Pero en el Perú en el año 2007 se usaron (2) 1,895.33 millones de metros cúbicos de gas natural para producir 7,316.05 gigavatios hora , por lo que tenemos que Barajas de Melo requeriría 7,316.05/2,140 x 362 ó 0.16916 x 7,316.05 lo que es igual a 1,237.58 millones de metros cúbicos de gas natural. Lo que significa que en el Perú se han usado 657,75 millones de metros cúbicos de gas natural de más, lo que equivale a no menos de 200 millones de dólares. (3)
Esta situación debe terminar. Por lo tanto a partir de 2010 el impuesto a la Renta para estas empresas deberá ser no menor al 50 % para las rentas de tercera categoría y mucho mayor para las otras. A la vez, el Estado debe asumir a través de Electro Perú la generación termoeléctrica con gas natural de camisea instalando una planta de ciclo combinado cerca de los pozos (dependiendo de las facilidades de agua) de Camisea para reducir el gasto de transporte y dirigir la electricidad producida al sistema interconectado, la capacidad de ésta central debe ser tal que reemplace a las obsoletas. A la vez el gas usado en plantas de generación eléctrica de ciclo simple deberá ser gravado con impuesto selectivo al consumo a la tasa de 40 % a partir de 2010. De lo contrario, en un lapso de 25 años, habremos perdido no menos de 5,000 millones de dólares por la desmedida ambición de los empresarios beneficiados por un gobierno inepto y corrupto.
Inmediatamente el Estado debe continuar y concluir los estudios y proyectos correspondientes para iniciar al más breve plazo la construcción de las centrales hidroeléctricas de: Inambari (1355MW), Paquitzapango (1379 MW), Rentema (1525MW), Cumba 4 (825 MW), Chadin 2 (600 MW), La Balsa (915 MW), Pambo-Puerto Prado (620 MW), Cuquipampa (800 MW), Vizcatan (750 MW) y Urubamba (920 MW) que totalizan 9689 MW equivalentes a 9 veces la potencia de la central más grande con la que contamos, esto es, la central del Mantaro. La conclusión de estos proyectos nos permitiría en un futuro cercano satisfacer el triple de la demanda actual total de energía y asegurar el desarrollo.
MINAS.-
Es preciso aclarar que la extracción minera, tiene por objeto obtener la mayor cantidad de producto con el menor esfuerzo posible, de este modo se prefiere explotar yacimientos que contengan el producto deseado en mayor proporción por tonelada de material removido o extraído, por lo tanto los inversionistas mineros siempre están buscando los mejores yacimientos. La extracción minera no es una actividad aleatoria, esto es, que no hay incertidumbre, Cuando se inicia la actividad extractiva, se conoce plenamente el monto de la inversión, y los costos de extracción y se puede estimar el precio promedio de venta del mineral, por lo tanto no es cierto que un ajuste en la legislación provocaría un éxodo de los inversionistas, sobretodo si la legislación peruana es absolutamente benévola con los mineros. Sin embargo antes de continuar se debe dejar claramente establecido que en ningún tipo de actividad y menos en la minería existen sobre ganancias, por lo tanto se debe excluir absolutamente este término. Pero a la vez también debe quedar claramente establecido que en el Perú no existe canon minero. El llamado canon no es otra cosa que la obligación que asume el Estado en reemplazo de la obligación que debe ser asumida por los mineros y esta cantidad que se calcula en base al impuesto a la renta pagado por la empresa minera es entregada por el Estado a los territorios donde se halla la mina. También es cierto que las empresas mineras detraen de sus beneficios utilidades para ser repartidas entre los trabajadores pero aún así las empresas mineras afincadas en el país son competitivas a nivel mundial. He analizado el caso de extracción de cobre y comparado los niveles de eficiencia de Southern y Codelco y no he hallado diferencias significativas respecto del ratio Utilidad operativa/ventas netas sobre todo en los períodos 2005 – 2007 cuando más altas estuvieron las cotizaciones del metal por lo que debe descartarse manejo malicioso. Sin embargo un factor no suficientemente analizado es la perturbación constante que sufre la actividad minera en el país debida principalmente a la coexistencia de dos tipos de propiedad de la tierra, lo que no garantiza un clima propicio para las etapas más aleatorias de la actividad que son la exploración y la prospección. Este asunto debe ser solucionado no sólo porqué disturba la actividad minera sino porqué causa el atraso y frena el desarrollo. La propiedad colectiva de la tierra debe desaparecer por lo que se precisa de una ley de disolución de las comunidades campesinas. Esto ya fue propuesto por mi en 2002 (5) y será materia de un siguiente capítulo. De modo tal que si se garantiza un clima social estable, además de sostener la legislación vigente es posible legislar para gravar con un canon progresivo y moderado de tasas iniciales de 5% aplicable a las ventas netas de concentrados y de 2 % a las de metales no manufacturados. Esto tiene como objetivo aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones produciendo más trabajo y desarrollo de fundición y manufactura de metales.
SIGUIENTE CAPITULO: SALUD
Notas:
(1) Memoria-Resumen Proyecto CTCC Barajas de Melo(pag. 28)
(2) Coes.org.pe 2007(capítulo 4)
(3) El precio a que se vende el gas de camisea es henry hub (4) que equivale a 1 MMBTU lo que es igual a la energía contenida en 28,32 metros cúbicos de gas ppp, por lo tanto en 657,75 millones de metros cúbicos de gas hay 23,225 millones de MMBTU Y sí henry hub fue de 7 dólares en promedio, a lo que se debe agregar transporte, entonces obtenemos poco más de 200 millones de dólares de pérdida.
(4) Henry hub natural gas spot prices
(5) Plan Nacional de gobierno para la República del Perú
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viernes, 19 de diciembre de 2008
lunes, 24 de noviembre de 2008
EL TRANSPORTE
EL TRANSPORTE
Nota: Todas las cifras que se muestran provienen del MTC ESTADÍSTICAS 2007
EL PARQUE.-
La cantidad de vehículos existente en el país es de un millón quinientos mil, de los cuales un millón circulan en la ciudad de lima y los demás en el resto del país. Su antigüedad promedio probablemente es de unos veinte años.
La única manera de modernizarlo consiste en aplicar un impuesto a la obsolescencia. Este impuesto fue propuesto por mí en 2002 (1)
El impuesto deberá ser progresivo tanto en el tiempo como en el importe y se deberá aplicar a partir de 2010. En principio la tasa se puede establecer en 1% UIT por asiento para los vehículos de más de 30 años. Al año siguiente esta tasa se incrementará al 1.5% UIT y luego al 2%. Al mismo tiempo al año siguiente, esto es, 2011 serán afectos al impuesto los vehículos que tengan 29 años y así sucesivamente por un período de 5 años de modo tal que en 2015 serán afectos los vehículos con 25 años de antigüedad..
El impuesto será cobrado conjuntamente con el SOAT y las Empresas aseguradoras previa deducción de la comisión acordada transferirán el monto recaudado al Tesoro.
Los vehículos que no cumplan con abonar el impuesto serán conducidos a los Parques de Reducción vehicular.
EL PARQUE DE REDUCCION VEHICULAR.-
Esto fue propuesto en 2002 (2) El Parque o los parques de reducción vehicular tienen por objeto el chatarreo del vehículo, esto es, su desmantelamiento o desguace con el objetivo de obtener el máximo provecho. Serán adquiridos al peso al valor que establezca la respectiva resolución del MTC. En realidad los parques de reducción tienen como objeto suprimir la venta de autopartes usadas en sitios distintos a ellos y reordenar la distribución geográfica de los locales dedicados al rubro y desalentar el robo de vehículos para desguace privado e ilegal.
EL TRANSPORTE EN GENERAL.-
En realidad la cantidad de vehículos que circulan en el territorio nacional no es significativa. Sin embargo se producen anualmente 80,000 accidentes, de los cuales el 70% son imputables al conductor, ya sea por exceso de velocidad (25,000) ebriedad (7,500) imprudencia (20,500) desacato de señales (2,000) y falla mecánica (2,000). Estos accidentes producen 3,510 muertos y 49,857 heridos. Naturalmente si las sanciones a los conductores son leves, las cifras continuarán elevándose. Si un conductor es sorprendido conduciendo en estado de ebriedad o causa un accidente en ese estado, el vehículo debe ser desmantelado. Igual sanción deberá aplicarse por reiteradas infracciones. El MTC deberá fijar como máxima sanción el desmantelamiento del vehículo.
EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.-
Contrario al transporte en general, en el transporte interprovincial de pasajeros en autobuses la causa del accidente no depende estrictamente del conductor, o de la empresa de transporte, depende en mayor medida del Terminal terrestre que autorizó la salida del autobús en las condiciones en que se hallaba circulando. Actualmente existen 26 terminales terrestres autorizados y 22 no autorizados. Es evidente que la reglamentación referida a los terminales terrestres es tan obsoleta como el parque vehicular. En primer lugar se requiere actualizar los requisitos. Los terminales terrestres deberán fijar una fianza a favor del Estado Peruano de 1 UIT por vehículo registrado como usuario del Terminal que garantice el pago de las infracciones aplicadas en las garitas a los vehículos que zarpen del Terminal contraviniendo los reglamentos. Los terminales que no se adecuen a las nuevas disposiciones deberán ser clausurados. En las ciudades existen suficientes capitales e infraestructura para otorgar nuevas concesiones de terminales terrestres. Las empresas de transporte obligatoriamente deberán registrar sus vehículos en un Terminal terrestre autorizado para efectuar sus operaciones. El Terminal además de verificar las condiciones mecánicas, contar con cámaras de video y efectuar el registro de carga y pasajeros deberá autorizar a los conductores de los vehículos. En su primera etapa de aplicación las nuevas disposiciones serán solo de aplicación a las ciudades principales extendiéndose progresivamente al resto del país.
Actualmente la mayoría de terminales terrestres privados cuenta con la tecnología suficiente. De ser necesario el Estado puede otorgar líneas de crédito a bajo interés a través de la banca comercial para acondicionamiento de terminales terrestres y efectuar las expropiaciones necesarias al efecto.
El parque automotor de las empresas de transporte interprovincial requiere de diferentes requisitos para estar afecto al pago del impuesto a la obsolescencia. En este caso los límites de años deben ser no de 30 sino 25 para el 2010 y no de 25 sino de 20 años para el 2015 y naturalmente se requiere de líneas de crédito especiales para la adquisición de vehículos de 40 a 50 asientos para renovarlo.
Nota 1.- Plan Nacional de Gobierno para la República del Perú 2002
Nota 2.- “ “ “ “ “ “ “ 2002
Jorge Egusquiza Loayza
Siguiente capítulo ENERGIA Y MINAS
Nota: Todas las cifras que se muestran provienen del MTC ESTADÍSTICAS 2007
EL PARQUE.-
La cantidad de vehículos existente en el país es de un millón quinientos mil, de los cuales un millón circulan en la ciudad de lima y los demás en el resto del país. Su antigüedad promedio probablemente es de unos veinte años.
La única manera de modernizarlo consiste en aplicar un impuesto a la obsolescencia. Este impuesto fue propuesto por mí en 2002 (1)
El impuesto deberá ser progresivo tanto en el tiempo como en el importe y se deberá aplicar a partir de 2010. En principio la tasa se puede establecer en 1% UIT por asiento para los vehículos de más de 30 años. Al año siguiente esta tasa se incrementará al 1.5% UIT y luego al 2%. Al mismo tiempo al año siguiente, esto es, 2011 serán afectos al impuesto los vehículos que tengan 29 años y así sucesivamente por un período de 5 años de modo tal que en 2015 serán afectos los vehículos con 25 años de antigüedad..
El impuesto será cobrado conjuntamente con el SOAT y las Empresas aseguradoras previa deducción de la comisión acordada transferirán el monto recaudado al Tesoro.
Los vehículos que no cumplan con abonar el impuesto serán conducidos a los Parques de Reducción vehicular.
EL PARQUE DE REDUCCION VEHICULAR.-
Esto fue propuesto en 2002 (2) El Parque o los parques de reducción vehicular tienen por objeto el chatarreo del vehículo, esto es, su desmantelamiento o desguace con el objetivo de obtener el máximo provecho. Serán adquiridos al peso al valor que establezca la respectiva resolución del MTC. En realidad los parques de reducción tienen como objeto suprimir la venta de autopartes usadas en sitios distintos a ellos y reordenar la distribución geográfica de los locales dedicados al rubro y desalentar el robo de vehículos para desguace privado e ilegal.
EL TRANSPORTE EN GENERAL.-
En realidad la cantidad de vehículos que circulan en el territorio nacional no es significativa. Sin embargo se producen anualmente 80,000 accidentes, de los cuales el 70% son imputables al conductor, ya sea por exceso de velocidad (25,000) ebriedad (7,500) imprudencia (20,500) desacato de señales (2,000) y falla mecánica (2,000). Estos accidentes producen 3,510 muertos y 49,857 heridos. Naturalmente si las sanciones a los conductores son leves, las cifras continuarán elevándose. Si un conductor es sorprendido conduciendo en estado de ebriedad o causa un accidente en ese estado, el vehículo debe ser desmantelado. Igual sanción deberá aplicarse por reiteradas infracciones. El MTC deberá fijar como máxima sanción el desmantelamiento del vehículo.
EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.-
Contrario al transporte en general, en el transporte interprovincial de pasajeros en autobuses la causa del accidente no depende estrictamente del conductor, o de la empresa de transporte, depende en mayor medida del Terminal terrestre que autorizó la salida del autobús en las condiciones en que se hallaba circulando. Actualmente existen 26 terminales terrestres autorizados y 22 no autorizados. Es evidente que la reglamentación referida a los terminales terrestres es tan obsoleta como el parque vehicular. En primer lugar se requiere actualizar los requisitos. Los terminales terrestres deberán fijar una fianza a favor del Estado Peruano de 1 UIT por vehículo registrado como usuario del Terminal que garantice el pago de las infracciones aplicadas en las garitas a los vehículos que zarpen del Terminal contraviniendo los reglamentos. Los terminales que no se adecuen a las nuevas disposiciones deberán ser clausurados. En las ciudades existen suficientes capitales e infraestructura para otorgar nuevas concesiones de terminales terrestres. Las empresas de transporte obligatoriamente deberán registrar sus vehículos en un Terminal terrestre autorizado para efectuar sus operaciones. El Terminal además de verificar las condiciones mecánicas, contar con cámaras de video y efectuar el registro de carga y pasajeros deberá autorizar a los conductores de los vehículos. En su primera etapa de aplicación las nuevas disposiciones serán solo de aplicación a las ciudades principales extendiéndose progresivamente al resto del país.
Actualmente la mayoría de terminales terrestres privados cuenta con la tecnología suficiente. De ser necesario el Estado puede otorgar líneas de crédito a bajo interés a través de la banca comercial para acondicionamiento de terminales terrestres y efectuar las expropiaciones necesarias al efecto.
El parque automotor de las empresas de transporte interprovincial requiere de diferentes requisitos para estar afecto al pago del impuesto a la obsolescencia. En este caso los límites de años deben ser no de 30 sino 25 para el 2010 y no de 25 sino de 20 años para el 2015 y naturalmente se requiere de líneas de crédito especiales para la adquisición de vehículos de 40 a 50 asientos para renovarlo.
Nota 1.- Plan Nacional de Gobierno para la República del Perú 2002
Nota 2.- “ “ “ “ “ “ “ 2002
Jorge Egusquiza Loayza
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martes, 26 de agosto de 2008
PLAN NACIONAL DE GOBIERNO - introduccion
PLAN NACIONAL DE GOBIERNO
INTRODUCCIÓN
En el Perú, por regla general, los planes de gobierno, son preparados por los Partidos Políticos en vísperas de elecciones y contienen una lista de medidas que se aplicarán si el Partido gana las elecciones, estas medidas seguramente bien intencionadas y con el ánimo de agradar a los electores, por lo general no son aplicables. Como ejemplo debemos citar la propuesta de reducir el salario de los congresistas a la mitad, o la de modificar la Constitución, o aquella de reducir el encaje al 7 % o la de aumentar las horas de clase a 1,100 sin haber efectuado ningún análisis del problema que se pretende resolver. Estas propuestas fueron diseñadas fuera de la realidad, el Congreso aprueba su presupuesto, por lo tanto son los Congresistas quienes fijan su salario, no el Ejecutivo. Modificar el reglamento no garantiza en absoluto que las actividades cambien. Reducir el encaje con el propósito que se reduzcan las tasas de interés a los préstamos es ilusorio porqué el BCR es autónomo y el precio del dinero está sujeto a múltiples variables como el spread, el riesgo, etc. y por último aumentar las horas de clase no significa que los estudiantes puedan aprender más. Conclusión: los planes de gobierno que no se basan en la realidad y omiten el estudio del problema a resolver y son confiados para su elaboración a gente muy talentosa pero carente de información están destinados al fracaso.
Un plan de gobierno pues, debe presentar un análisis razonado y preciso basado en información veraz y comprobable y aportar una solución que se transforme en una exigencia del electorado, lo que hará posible la modificación del contrato social.
El primer capítulo a desarrollarse en la siguiente entrega sera el de la Educación.
Tag: [plan nacional de gobierno]
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Jorge Egúsquiza Loayza
INTRODUCCIÓN
En el Perú, por regla general, los planes de gobierno, son preparados por los Partidos Políticos en vísperas de elecciones y contienen una lista de medidas que se aplicarán si el Partido gana las elecciones, estas medidas seguramente bien intencionadas y con el ánimo de agradar a los electores, por lo general no son aplicables. Como ejemplo debemos citar la propuesta de reducir el salario de los congresistas a la mitad, o la de modificar la Constitución, o aquella de reducir el encaje al 7 % o la de aumentar las horas de clase a 1,100 sin haber efectuado ningún análisis del problema que se pretende resolver. Estas propuestas fueron diseñadas fuera de la realidad, el Congreso aprueba su presupuesto, por lo tanto son los Congresistas quienes fijan su salario, no el Ejecutivo. Modificar el reglamento no garantiza en absoluto que las actividades cambien. Reducir el encaje con el propósito que se reduzcan las tasas de interés a los préstamos es ilusorio porqué el BCR es autónomo y el precio del dinero está sujeto a múltiples variables como el spread, el riesgo, etc. y por último aumentar las horas de clase no significa que los estudiantes puedan aprender más. Conclusión: los planes de gobierno que no se basan en la realidad y omiten el estudio del problema a resolver y son confiados para su elaboración a gente muy talentosa pero carente de información están destinados al fracaso.
Un plan de gobierno pues, debe presentar un análisis razonado y preciso basado en información veraz y comprobable y aportar una solución que se transforme en una exigencia del electorado, lo que hará posible la modificación del contrato social.
El primer capítulo a desarrollarse en la siguiente entrega sera el de la Educación.
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Jorge Egúsquiza Loayza
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